Por fin, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanja la cuestión sobre los procedimientos sancionadores de expulsión (artículo 57 y siguientes de la LO 4/2000) incoados contra ciudadanos extranjeros en situación irregular en España.
Según la reciente Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2022 (Asunto C-409/20) la Gran Sala declara: “La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en particular sus artículos 6, apartado 1, y 8, apartado 1, leídos en relación con los artículos 6, apartado 4, y 7, apartados 1 y 2, de la misma, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que sanciona la permanencia irregular de un nacional de un tercer país en el territorio de ese Estado miembro, cuando no concurren circunstancias agravantes, en un primer momento, con una sanción de multa que lleva aparejada la obligación de abandonar el territorio de dicho Estado miembro en el plazo fijado salvo que, antes de que este expire, se regularice la situación del nacional de un tercer país y, en un segundo momento, si no se ha regularizado su situación, con una decisión en la que se ordena obligatoriamente su expulsión, siempre que dicho plazo se fije de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 7, apartados 1 y 2, de esta Directiva.”
En consecuencia, en los supuestos en los que el ciudadano extranjero se encuentre en territorio nacional meramente en situación irregular, sin que concurra ninguna circunstancia agravante o negativa adicional a esa estancia irregular, no procede la incoación de un procedimiento sancionador de expulsión, sino la imposición de una multa, con la posibilidad de regularización o, en su defecto, salida voluntaria del territorio español.
STJUE de 8 de marzo de 2022, Asunto C-409/20.